Las tasas judiciales y el Gobierno de España

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Hoy hace justamente un año que el Gobierno de España protagonizó uno de los mayores ataques de la historia reciente contra el derecho a la tutela judicial efectiva: la aprobación de las tasas judiciales. Unas tasas cuya cuantía está ya resultando disuasoria para muchos ciudadanos. Que no para las empresas, que pueden deducirlas como gastos, o para la Administración, que no solo no las paga, sino que ni siquiera tiene que devolverlas a los ciudadanos que le hayan ganado un recurso. En cualquier otra circunstancia sería un atropello; en la situación actual de crisis en la que muchas personas se tienen que enfrentar judicialmente a la morosidad de las Administraciones Públicas, al acoso de los bancos y a los despidos de las empresas, es más aún: una auténtica vergüenza.

Compañeros como Verónica del Carpio o José Muelas (y muchos otros que no cito para no hacer interminable esta entrada) han comentado este tema mucho mejor que yo, y si no conseguimos remediarlo entre todos tendrán que seguir comentándolo, especialmente ahora que se avecina la conversión de las faltas penales en ilícitos administrativos y la batería de nuevas sanciones previstas en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo podrán ser revisadas por nuestros Tribunales previo pago de la correspondiente tasa. Así que, en lugar de comentar nada más, me limitaré a transcribir el manifiesto de la Plataforma Justicia Para Todos (aquí en pdf), y les animo a participar o apoyar las concentraciones previstas para hoy, 20 de noviembre, a las 12 horas.

 

UN AÑO CONTRA LAS TASAS

MANIFIESTO SOCIAL

19 de noviembre de 2013

1.- Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación.

2.-La Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia, y una considerable brecha en el Estado de Derecho.

3.- Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.

4.- No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho, ni del abuso del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita.

5.- Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.

6.- El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados porcentajes muy significativos de reducción de asuntos.

7.- No se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas. La recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.

8.- El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita.

Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.

Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales.

9.- El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

10.- La contestación social ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que es un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la degradación del Estado de Derecho.

11.- Reiteramos la más que nunca deseada mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de participación real y efectiva de profesionales representativos, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.

12.-Solicitamos que el Gobierno escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los actores reales de justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones del Gobierno que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. El Gobierno debe atender lo que pasa en Europa, especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema “no penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. España sigue siendo diferente.

13.- La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello.

14.- Mantenemos nuestra disposición a la negociación y al diálogo, y nuestro rechazo a un modelo de Justicia impuesta y no negociada. Es de vital importancia, que el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia de calidad. Y, sobre todo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos del arco parlamentario en 2002.

 

El manifiesto ha sido suscrito por el Consejo General de la Abogacía Española, la Unión General de Trabajadores, el Consejo de Consumidores y Usuarios, Comisiones Obreras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, la Unión Sindical Obrera, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, el Foro Judicial Independiente, Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, el Sindicato de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.



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Por Fernando Frías
Publicado el ⌚ 20 noviembre, 2013
Categoría(s): ✓ Gobierno de España • tasas judiciales